5.2.- POR UNA MAYOR JUSTICIA FISCAL. Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE – Aragón
Desde la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE consideramos que, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata que defendemos.
Con arreglo al artículo 31 de la Constitución que hace referencia a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, y teniendo en cuenta que las circunstancias actuales exigen una revisión global del sistema tributario, consideramos que toda fiscalidad justa y progresiva debe basarse en los siguientes objetivos:
1.- PRIORIZAR UNA POLÍTICA FISCAL BASADA EN LOS IMPUESTOS DIRECTOS por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. Consecuentemente, en un período de crisis económica global pensamos que el Gobierno Socialista debería de impulsar actuaciones concretas y efectivas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario esto es, intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida, cuya tributación se efectúa por una triple vía: el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes). Por ello, consideramos imprescindible adoptar las siguientes medidas:
1.1. Restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública, cantidad ésta que, en la actualidad, con arreglo a los nuevos acuerdos de financiación autonómica, debería ser repartida al 50 % entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
1.2. Estudiar el establecimiento de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital.
1.3. Estudiar la creación de un impuesto adicional sobre grandes fortunas
1.4. Fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.
1.5. Profunda reforma de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) , convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (tributan sólo un 1 % sobre sus plusvalías, gozan de exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y cuya regulación actual fue obra del Partido Popular con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus beneficios. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, Testaferros o mariachis, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Esto es, los accionistas de las SICAVs poseen un capital mobiliario similar al que disponen las 17 millones de familias existentes en España según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero, en lugar de tributar al 30 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo un irrisorio 1 %. sobre sus plusvalías.
En consecuencia, consideramos necesaria la aplicación de las siguientes medidas:
- el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE) (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE)
- una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades
- exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades (30 %) y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, eliminación de los inversores ficticios (testaferros o mariachis).
1.6. Control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa.
2.- RECHAZAR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS como es el caso de los hidrocarburos, tabaco y alcohol, puesto que consideramos que es una medida insolidaria e injusta puesto que perjudica a las familias de rentas bajas y responde a los postulados de las políticas económicas propias de los partidos de derechas que no debemos de asumir ni imitar. Además, debemos recordar que dichos impuestos ya fueron elevados el pasado día 13 de junio con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros procedente del incremento del impuesto de hidrocarburos y otros 1.220 del impuesto del tabaco.
Manifestamos nuestra oposición a la subida del IVA pues sólo serviría para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendría además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, debemos priorizar el acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo.
Pese a lo dicho, somos partidarios de impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista que mediante el cual gravar los hidrocarburos (gasolina, gasoil y, también, el queroseno destinado al transporte aéreo) o las emisiones de monóxido de carbono (CO²) similar a la “tasa Carbono” que se pretende implantar en Francia. Estos impuestos ecológicos sobre los combustibles y sobre la contaminación ambiental, se podría recaudar no sólo por medio del correspondiente recargo sobre los hidrocarburos o determinadas tasas de contaminación o de emisión de residuos, podría incluirse en los impresos de la Declaración del IRPF al igual que las casillas asignadas a destinar un porcentaje de nuestros impuestos a fines sociales o a la Iglesia Católica.
Igualmente, consideramos que los avances en fiscalidad verde deberían de estar incluidos en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista.
Debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto de los Protocolos de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, incumplen flagrantemente los citados Protocolos y son los principales emisores de gases contaminantes al la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.
3.- IMPULSAR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, especialmente durante el período en que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo 1 de enero de 2010.
Resulta fundamental que la UE asuma un papel relevante en el liderazgo mundial de la reforma del sistema financiero internacional. Desde este punto de vista, pensamos que es necesario potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), consideramos como unos pasos en la buena dirección la reciente constitución del Comité Europeo de Riesgos Sistemáticos o del Sistema Europeo de Vigilancia Financiera , aunque pensamos que todavía hay que seguir avanzando hasta que sea una realidad efectiva la existencia de un auténtico organismo europeo con plenos poderes en el ámbito del sistema financiero de la UE. Por ello, seria también necesario que las disposiciones del Comité Europeo de Riesgos Sistemáticos fueran vinculantes (y no simples recomendaciones) de cara a unificar las políticas fiscales de la UE.
De igual modo, y pese a que Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE considera como “muy difícil” el aplicar en la práctica una tasa internacional sobre las transacciones financieras (como proponen Francia y Alemania), es una medida importante para que el sector financiero se corresponsabilice asumiendo una parte del coste multimillonario de una crisis que él mismo desencadenó.
Consideramos que se deben adoptar medidas inmediatas que impidan la deslocalización del ahorro hacia paraísos fiscales, algunos de ellos ubicados en la misma Unión, como Luxemburgo, Gibraltar o la isla de Jersey, lo cual resulta de todo punto inaceptable, o hacia otros países con un régimen fiscal más beneficioso para este tipo de inversiones de capital como es el caso de Irlanda . Consecuentemente, no sólo se deben de erradicar los paraísos fiscales, sino que la UE debe orientar su política fiscal hacia la regulación y normalización de sus mercados financieros y de su fiscalidad en la misma línea con que la UE se opuso a las “vacaciones fiscales” mediante las cuales, en su día, quiso fomentar el establecimiento de empresas en tierras vascas el Gobierno de Euskadi.
Estimamos igualmente necesario el que, bajo la presidencia española de la UE, se avance en una decidida política de fiscalidad ecológica cuyo marco normativo englobe y unifique las medidas a adoptar en esta materia en los 27 países de la Unión.
4.- PROFUNDIZACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, dotando a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios para actuar de forma efectiva en la persecución de las bolsas de fraude y opacidad fiscal que afectan a los impuestos de la renta, del capital y también del IVA.
Por todo lo dicho, y con arreglo a estas propuestas concretas, consideramos que se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría del modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, haga que ésta alcance mayores cotas de progreso y bienestar solidario.
En consecuencia, y ante la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, queremos manifestar lo siguiente:
1.- Apoyamos el incremento de los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas.
2.- Estamos decepcionados porque en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs).
3.- Rechazamos la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010.
4.- Consideramos que, ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende por la ciudadanía, y también por nuestro electorado y base social es que los que más pueden no aportan lo que debieran mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para garantizar la inversión productiva y los gastos sociales.
Desde Izquierda Socialista pensamos que, ante la realidad de los hechos, hay que seguir avanzando hacia una mayor justicia fiscal en España….y estamos firmemente comprometidos a trabajar por lograr este objetivo de elemental justicia social.
Desde la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE consideramos que, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata que defendemos.
Con arreglo al artículo 31 de la Constitución que hace referencia a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, y teniendo en cuenta que las circunstancias actuales exigen una revisión global del sistema tributario, consideramos que toda fiscalidad justa y progresiva debe basarse en los siguientes objetivos:
1.- PRIORIZAR UNA POLÍTICA FISCAL BASADA EN LOS IMPUESTOS DIRECTOS por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. Consecuentemente, en un período de crisis económica global pensamos que el Gobierno Socialista debería de impulsar actuaciones concretas y efectivas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario esto es, intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida, cuya tributación se efectúa por una triple vía: el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes). Por ello, consideramos imprescindible adoptar las siguientes medidas:
1.1. Restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública, cantidad ésta que, en la actualidad, con arreglo a los nuevos acuerdos de financiación autonómica, debería ser repartida al 50 % entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
1.2. Estudiar el establecimiento de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital.
1.3. Estudiar la creación de un impuesto adicional sobre grandes fortunas
1.4. Fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.
1.5. Profunda reforma de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) , convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (tributan sólo un 1 % sobre sus plusvalías, gozan de exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y cuya regulación actual fue obra del Partido Popular con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus beneficios. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, Testaferros o mariachis, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Esto es, los accionistas de las SICAVs poseen un capital mobiliario similar al que disponen las 17 millones de familias existentes en España según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero, en lugar de tributar al 30 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo un irrisorio 1 %. sobre sus plusvalías.
En consecuencia, consideramos necesaria la aplicación de las siguientes medidas:
- el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE) (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE)
- una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades
- exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades (30 %) y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, eliminación de los inversores ficticios (testaferros o mariachis).
1.6. Control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa.
2.- RECHAZAR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS como es el caso de los hidrocarburos, tabaco y alcohol, puesto que consideramos que es una medida insolidaria e injusta puesto que perjudica a las familias de rentas bajas y responde a los postulados de las políticas económicas propias de los partidos de derechas que no debemos de asumir ni imitar. Además, debemos recordar que dichos impuestos ya fueron elevados el pasado día 13 de junio con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros procedente del incremento del impuesto de hidrocarburos y otros 1.220 del impuesto del tabaco.
Manifestamos nuestra oposición a la subida del IVA pues sólo serviría para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendría además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, debemos priorizar el acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo.
Pese a lo dicho, somos partidarios de impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista que mediante el cual gravar los hidrocarburos (gasolina, gasoil y, también, el queroseno destinado al transporte aéreo) o las emisiones de monóxido de carbono (CO²) similar a la “tasa Carbono” que se pretende implantar en Francia. Estos impuestos ecológicos sobre los combustibles y sobre la contaminación ambiental, se podría recaudar no sólo por medio del correspondiente recargo sobre los hidrocarburos o determinadas tasas de contaminación o de emisión de residuos, podría incluirse en los impresos de la Declaración del IRPF al igual que las casillas asignadas a destinar un porcentaje de nuestros impuestos a fines sociales o a la Iglesia Católica.
Igualmente, consideramos que los avances en fiscalidad verde deberían de estar incluidos en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista.
Debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto de los Protocolos de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, incumplen flagrantemente los citados Protocolos y son los principales emisores de gases contaminantes al la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.
3.- IMPULSAR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, especialmente durante el período en que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo 1 de enero de 2010.
Resulta fundamental que la UE asuma un papel relevante en el liderazgo mundial de la reforma del sistema financiero internacional. Desde este punto de vista, pensamos que es necesario potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), consideramos como unos pasos en la buena dirección la reciente constitución del Comité Europeo de Riesgos Sistemáticos o del Sistema Europeo de Vigilancia Financiera , aunque pensamos que todavía hay que seguir avanzando hasta que sea una realidad efectiva la existencia de un auténtico organismo europeo con plenos poderes en el ámbito del sistema financiero de la UE. Por ello, seria también necesario que las disposiciones del Comité Europeo de Riesgos Sistemáticos fueran vinculantes (y no simples recomendaciones) de cara a unificar las políticas fiscales de la UE.
De igual modo, y pese a que Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE considera como “muy difícil” el aplicar en la práctica una tasa internacional sobre las transacciones financieras (como proponen Francia y Alemania), es una medida importante para que el sector financiero se corresponsabilice asumiendo una parte del coste multimillonario de una crisis que él mismo desencadenó.
Consideramos que se deben adoptar medidas inmediatas que impidan la deslocalización del ahorro hacia paraísos fiscales, algunos de ellos ubicados en la misma Unión, como Luxemburgo, Gibraltar o la isla de Jersey, lo cual resulta de todo punto inaceptable, o hacia otros países con un régimen fiscal más beneficioso para este tipo de inversiones de capital como es el caso de Irlanda . Consecuentemente, no sólo se deben de erradicar los paraísos fiscales, sino que la UE debe orientar su política fiscal hacia la regulación y normalización de sus mercados financieros y de su fiscalidad en la misma línea con que la UE se opuso a las “vacaciones fiscales” mediante las cuales, en su día, quiso fomentar el establecimiento de empresas en tierras vascas el Gobierno de Euskadi.
Estimamos igualmente necesario el que, bajo la presidencia española de la UE, se avance en una decidida política de fiscalidad ecológica cuyo marco normativo englobe y unifique las medidas a adoptar en esta materia en los 27 países de la Unión.
4.- PROFUNDIZACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, dotando a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios para actuar de forma efectiva en la persecución de las bolsas de fraude y opacidad fiscal que afectan a los impuestos de la renta, del capital y también del IVA.
Por todo lo dicho, y con arreglo a estas propuestas concretas, consideramos que se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría del modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, haga que ésta alcance mayores cotas de progreso y bienestar solidario.
En consecuencia, y ante la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, queremos manifestar lo siguiente:
1.- Apoyamos el incremento de los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas.
2.- Estamos decepcionados porque en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs).
3.- Rechazamos la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010.
4.- Consideramos que, ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende por la ciudadanía, y también por nuestro electorado y base social es que los que más pueden no aportan lo que debieran mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para garantizar la inversión productiva y los gastos sociales.
Desde Izquierda Socialista pensamos que, ante la realidad de los hechos, hay que seguir avanzando hacia una mayor justicia fiscal en España….y estamos firmemente comprometidos a trabajar por lograr este objetivo de elemental justicia social.
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