5.3.- PROPUESTAS PARA EL DEBATE. IZQUIERDA SOCIALISTA DE JEREZ

Viene de 5.2. Por una mayor justicia fiscal.


Cuando, apenas se ha cumplido el primer aniversario del hundimiento de Lehman Brother, quien en los últimos 12 meses se ha convertido en ícono de la política mundial, el presidente de EE.UU., Barak Obama, ya ha reconocido sin complejos que las multimillonarias “ayudas” a la banca estadounidense –cabria decir mundial- de poco o nada han servido de cara a variar los procedimientos y la ética de los banqueros y especuladores de capital.

Si, de una situación de ultraliberalismo bancario se ha pasado –al menos sobre el papel- a procedimientos de mayor regulación, los artífices del mercado financiero y la especulación han deglutido el cambio y las multimillonarias ayudas percibidas, y usan de éstas para, como sociedades participadas, ofrecer a sus accionistas y directivos réditos sin cuento que, en época de crisis del sistema, se hace aún más inadmisible por la sociedad y, por el contrario, de obligado cumplimiento para el mantenimiento del propio sistema, que se desvincula así de la sociedad a favor de las sociedades...

Como en tantas ocasiones, la realidad vuelve a superar a la ficción, y se diría que se trate de la introducción, del preámbulo o del trailer de la película “Rollerball”, donde las grandes corporaciones vengan llamadas a sustituir al Estado y a reducir a éste a la mínima expresión.

Lejos de entrar a reformar el sistema, en la que puede calificarse como su mayor crisis, la llamada Cumbre del G20 ha venido a dar aire al sistema y a procurarle otros tantos años de vida.
Los partidos de la derecha, por causas obvias, y los partidos de izquierda por buenismo o porque actuamos en esos foros acomplejados y con vergüenza de reconocernos de izquierda y transformadores de la sociedad, no acertamos así a poner bases sólidas que puedan transformar el futuro económico, político y social de una sociedad fundamentada en criterios conservadores o ultraconservadores. Y, unos y otros, asumimos de facto y como propias las bases ideológicas establecidas por los neocom.

Juan Torres Gómez señala con buen criterio que “en el discurso de los políticos de esta ideología (e incluso a veces en el de quienes dicen ser más progresistas) se suele afirmar que “primero hay que crecer para luego poder distribuir”. Una idea que es completamente engañosa porque lo cierto es que al mismo tiempo que se lleva a cabo cualquier tipo de actividad productiva se están repartiendo ya, en ese mismo instante, las rentas que se generan originariamente (y a las que ya después se podrán añadir las que resulten de la redistribución que haga el Estado).

Cuando los economistas liberales afirman que la economía no tiene que ver con la distribución, con la ética, lo que buscan en realidad es que no se ponga en cuestión el orden económico establecido por quienes tienen poder para ello y que, lógicamente, suelen ser quienes más se benefician del estado de cosas existente, de la solución de reparto dominante.

Por el contrario, cuando se reconoce que la economía es también, y sobre todo, distribución de la renta lo que se deduce es que el modo de llevar a cabo la actividad económica no es algo neutro o determinado técnicamente, sino que es dependiente de las preferencias éticas dominantes en cada momento, de las preferencias de quienes tengan poder suficiente para imponerlas, más o menos democráticamente al conjunto de la sociedad.

Por eso, la política económica que no responde a una deliberación social previa o que no lleva consigo una discusión explícita sobre sus efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza es una deleznable expresión más del totalitarismo.

Como han demostrado sin ningún tipo de dudas muchos economistas, la distribución de la renta es una determinante esencial de la evolución de variables económicas como el consumo, el ahorro, incluso la inversión y, en consecuencia, también del equilibrio o desequilibrio económico que entre todas ellas puede llegar a darse, así como en la dinámica del crecimiento económico. Además, por supuesto, de determinar el bienestar efectivo de cada sujeto económico que, al fin y al cabo, debería ser el fin último de la actividad y las políticas económicas.

No es de ninguna manera casual, por ejemplo, que en el último periodo en que se ha producido un deterioro extraordinario del peso de los salarios en el conjunto de las rentas, las crisis financieras y monetarias se hayan multiplicado, produciendo crisis (96 bancarias y 176 monetarias según el Banco Mundial entre 1973 y 2000); que la mayor recesión desde 1929 se haya producido en Estados Unidos cuando la distancia entre los niveles más altos y más bajos de rentas alcanzaba el nivel máximo desde entonces; o que la mayor destrucción de empleo durante la crisis se produzca España que es el único país de la OCDE en donde el poder adquisitivo de los salarios bajó -un 4%- entre 1995 y 2005.

Más beneficio y rentas del capital han implicado más ahorro y menos salarios y, por tanto, menos capacidad de gasto, menos demanda y menos capacidad potencial de crecimiento. Es decir, más peligro de crisis y recesión económica, concluye Torres Gómez.

En este contexto, Izquierda Socialista de Jerez quiere huir de forma premeditada de planteamientos que sabemos se encuentran en el discurso y el debate de otras izquierdas socialistas en el Estado, y plantear someramente otras políticas diversas para ampliar la discusión desde la izquierda hacia otros foros, así, las correspondientes a políticas de empleo de colectivos marginales tales como prostitutas y chaperos, cuya puesta en vigor acarreará nuevas conquistas para la libertad y al Estado nuevos recursos de financiación; legalización, y distribución y venta de drogas por parte del propio Estado, a través del sistema de Salud, en farmacias, o como ocio, a través de Estancos, como otras drogas legales; así como la implementación de políticas fiscales participativas y su correcta comunicación, con la puesta en marcha de un sistema, similar al que se ha seguido con la Iglesia Católica, de introducción de casilla voluntaria para políticas sociales en la Declaración del IRPF.

Dentro de la lucha tímidamente emprendida contra la actividad de los paraísos fiscales y el juego financiero, y la pedagogía que ha de aplicarse a la necesaria obtención de recursos contra las actitudes avaras del capital, la ampliación de la carga impositiva por ganancias de especulación de capital y, muy particularmente, la aplicación de la tasa Tobin, y su extensión como medida correctora de rango internacional, debe ser un objetivo que se marque en sus políticas de propuestas Izquierda Socialista.

En este punto de “debilidad” del sistema, en el que los gobiernos han debido acudir al rescate del mismo y ante la seguridad palmaria de que los sistemas financieros han vuelto la espalda a su responsabilidad social, cegados por el impulso de la ganancia de sus accionistas y directivos, Izquierda Socialista debe impulsar dentro del PSOE, y este hacia el Gobierno, la ponderación entre las ayudas recibidas por el sistema financiero desde el Estado y la acción “social” de los mismos, así como la necesaria correlación de las cantidades de dinero público puesto a su disposición y la acción “pública” de los distintos agentes del sistema financiero.

Son así de verdadera urgencia aceptar como propios de partidos que se reclaman de izquierdas los planteamientos, llevados al Comité Federal del PSOE por los compañeros de Izquierda Socialista, para que se abra también un debate interno en el seno del PSOE sobre una reforma fiscal “progresiva”, no instrumental, y donde se discuta la fiscalidad de las plusvalías del capital y figuras como la fiscalidad verde –que grava la contaminación–, la tributación de las SICAV y los impuestos para las grandes fortunas. Una reforma a largo plazo, necesaria para el Estado del bienestar, y defender a las claras que “una política fiscal justa es de izquierdas”, sin complejos. Sólo desde esta actitud abierta podrá extenderse entre la población el carácter netamente social de estas reformas.

Sea cual fuere la postura oficial del PSOE, a Izquierda Socialista le cabe manifestarse en contra de suprimir el Impuesto de Patrimonio, y señalar la necesidad de tener cuidado con los impuestos indirectos y estudiar a fondo su impacto, para que al final las clases medias no sean, de nuevo, las más afectadas. Otro tanto cabe plantear respecto de cualquier incremento en los diversos tramos del IVA, que afectan a todos, sea cuales fuere su extracción económica.

De gravísimo cabe calificar el propósito de aumentar el IVA en dos puntos. Este impuesto, netamente indirecto, es un componente del precio de todos los productos y servicios, y subirlo, en lenguaje que cualquiera comprende, es encarecer el costo de cuantos productos adquirimos o recibimos: el pan, la vestimenta, las medicinas, las reparaciones, la luz, el agua, el catálogo entero, en fin, de nuestras necesidades, básicas o no. Además, en la misma cuantía para todos, lo que supone un alarde colosal de insensibilidad. Al cabo, para terminar de perfeccionar el desatino, también se proyecta un alza de los impuestos especiales (alcoholes, tabaco, gasolinas) que, especialmente en el caso del combustible, de nuevo aplastará por igual las espaldas de los ciudadanos, disparará los precios y provocará un efecto letal sobre miles de puestos de trabajo. Sí, y esto aún cuando el Comité Federal de nuestro partido se haya manifestado a favor de esta posible medida fiscal recientemente.

Si el aspecto de la comunicación es radicalmente importante, entendemos, desde Izquierda Socialista de Jerez que, igualmente, será una proposición a tener en cuenta la sustitución de la tradicional “casilla” de aportación a la Iglesia por otra de asignación al Estado para encarar políticas de empleo y ayuda social redistributiva para la implantación del llamado Salario Social, otro de los parámetros de transformación de nuestra convivencia hacia una sociedad de ciudadanos.

Esto es especialmente necesario en este momento de crisis sistémica y en comunidades autónomas como Andalucía, donde la Ley está aprobada y sin posible aplicación por déficit presupuestario. Así, el Estatuto Andaluz, en su artículo 23, apartado segundo, manifiesta textualmente lo siguiente: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Ley mojada.

Entiende así, Izquierda Socialista de Jerez que, los ciudadanos tienen derecho, por serlo, a la cobertura social y económica para todos, mientras se encuentren en situación de demandantes de empleo: Los Ciudadanos Españoles no son responsables de su situación por desempleo.

España es ya la octava Potencia económica Mundial, gracias al esfuerzo de todos, y es el momento de equipararse con los Países de nuestro entorno mas cercano en lo que a cobertura social se refiere. Estos hechos, deben de hacernos reflexionar y aceptar el reto para, vía Presupuestos Generales del Estado, aprobar, con carácter de urgencia, la garantía del Estado para la cobertura social y económica de todos los Ciudadanos Españoles en situación de demandantes de empleo.

El dinero de Todos los Ciudadanos Españoles tiene como función irrenunciable la de conquistar la sociedad del bienestar, como Justicia Social –no como Caridad-, propio del ideario Socialista democrático y progresista, estandarte ideológico del PSOE desde su fundación por el compañero socialista Pablo Iglesias.

Por otro lado, cree Izquierda Socialista de Jerez que es el momento de comenzar a plantearse como organización de izquierda el debate de la legalización de la prostitución, de ambos sexos, y de las drogas, y esto desde una perspectiva doble: desde la conquista de libertades, al que no puede renunciar una verdadera izquierda moderna, y desde el ámbito de allegar nuevos y muy importantes recursos económicos al Estado.

Se trataría de anular la actividad de las mafias en estos aspectos y asumir recursos recaudados por el Estado – a quien corresponde el tratamiento de los drogadictos como enfermos-, los recursos económicos de las mafias, que crecen en su capacidades de influencia, y aumenta el volumen de dinero negro, cuyo blanqueo, provoca, a su vez, nuevos episodios de fraudes que, en su evolución exponencial, terminan por extenderse, en mayor o menor medida, a todas las escalas económicas y sociales, hasta mancharnos a todos.

Visto así, la mafia se constituye en status quo, que vive y fagocita al verdadero Estado, aquel del que los ciudadanos creen formar parte y otorgarse en él sus leyes y normas.

Que las drogas son difíciles de erradicar lo demuestra el sólo hecho de que jamás ha existido sociedad alguna que haya logrado vivir al margen de ellas. Determinadas sociedades han usado de ellas para sus ceremoniales, para sus fiestas y para sus duelos. Según qué culturas, hay drogas aceptadas y plausibles y drogas execrables y cuyo sólo uso provoca exclusión de la sociedad. Y, esto, según sea la sociedad donde se usan las drogas. Nunca se logró excluir a ninguna sociedad de la droga y es dudoso -o una certeza- que jamás se logrará.

Ante esta perspectiva cabría plantearse la opción a contraria y, lejos de perseguir a la mafias, olvidándose de aprehensiones que no llegan a una ínfima parte de las entradas en cada país -las suficientes para “despistar” al, supongamos, honrado represor-, y negando la posibilidad de seguir haciendo crecer la población penitenciaria -somos el país con mayor población entre rejas de toda Europa y la mayor parte lo es por tenencia o pequeño tráfico- tomar la decisión de que sea el propio Estado quién se encargue del gran negocio de la droga. A fin de cuentas, es al Estado a quien toca impulsar y financiar campañas para la rehabilitación de sus consumidores, y de prevención para que éste número no crezca de forma aún más alarmante, si cabe.

El Estado, desde las instalaciones que le son propias y que ya distribuyen drogas con receta médica, esto es, desde las farmacias, o bien sin receta, esto es, desde los estancos, deberá constituirse en importador, distribuidor y vendedor de todo tipo de drogas.

Esta posibilidad alejaría para siempre las muertes por “sobredosis”, lo que suele ser sinónimo de consumo de droga adulterada. Permitiría conocer, con entera fiabilidad, cual es el verdadero nivel de consumo, qué franja de población consume y qué consume. Desde este conocimiento sería más fácil establecer campañas informativas dirigidas a los consumidores reales. En momentos de crisis, esta posibilidad ofrece al Estado ingresos milmillonarios que, por vía impuestos, llegarían a las arcas públicas, esto es, a las arcas de todos.

Por lo general hay que admitir que no todo pueden ser ventajas. Tampoco en este caso habría ventajas para todos: perderían los narcotraficantes, desaparecerían asociaciones contra el tráfico y sus suculentos sueldos de dirección, bajaría el número de reclusos y, como ya ocurre desde que se administra metadona, también bajaría el número de robos para la adquisición de drogas. En Izquierda Socialista de Jerez no conocemos a nadie que de un tirón para comprar tabaco ni optalidón.
"Tengo la sospecha de que no se legaliza porque son los grandes bancos del mundo quienes lavan la mayor parte de los narcodólares y también porque la droga es un buen pretexto para invadir países con la excusa de salvar a esos países de las garras de la droga", dice Eduardo Galeano.

El tráfico de drogas tiene a España como centro mundial de distribución, un cambio en las políticas respecto de éstas otorgaría un lugar preeminente a nuestro país en la economía mundial.

Si el capítulo de ingresos es de sumo interés, es también estimable el capítulo de reducción de gasto: desde la puesta en marcha en Holanda de los coffe shop han cerrado en aquella nación 8 recintos penitenciarios.

El avance social, por reducción del drama humano que supone la privación de libertad, es de sí suficiente para justificar la apertura de este debate desde la izquierda.

Otro tanto, entendemos desde Izquierda Socialista de Jerez, ocurriría respecto de la posible legalización de la prostitución –referida a ambos sexos-. La reducción operativa de las mafias, la erradicación del proxenetismo y la entrada al “mercado” de este ingente volumen de trabajadores ofrecerían salud al sistema de seguridad social por muchos años.