Las protestas, el caos y la indignación de los desempleados sin recursos que se han quedado fuera de las nuevas ayudas a parados han forzado al Gobierno a rectificar apenas dos días después de su entrada en vigor. Ayer el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, abrió las puertas a cambios en el real decreto que aprobó el último Consejo de Ministros. En él se estableció que los parados sin prestación o subsidio desde el 1 de agosto tendrían derecho a una paga mensual de 420 euros. Esa fecha dejaba fuera de la ayuda a unos 600.000 parados que cumplían los requisitos antes de ese día y el Ejecutivo al final ha rectificado.
La polémica por los 421 euros
La falta de información y los criterios para otorgalras marcan los primeros días de las ayudas al desempleo aprobadas por el Gobierno
El Ejecutivo sólo se plantea cambiar la fecha de retroactividad
Cada mes de ampliación supone 100 millones más de gasto
"Si hay que hacer alguna modificación, la haremos", declaró poco después de mediodía Zapatero desde Lanzarote, donde pasa las vacaciones. "Con la evaluación que exige y el rigor que exige, estamos dispuestos, dialogando con los sindicatos, a hacer más eficaz la medida y la prestación, desde el punto de vista social, y que abarque al número de personas que lo puedan necesitar", explicó.
Apenas una hora después, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho aclaró, en conversación telefónica con EL PAÍS, que el único cambio que el Gobierno va a hacer afecta a la fecha de entrada en vigor del decreto. Es decir, llevar del 1 de agosto hacia atrás en el calendario la entrada en vigor de la medida. ¿Hasta cuándo? "Hay una fecha que, aunque nunca ha formado parte del acuerdo [en referencia al fracasado pacto social de julio, donde los representates de los trabajadores reclamaron esta medida], sí fue una fecha que los sindicatos pedían que se tuviera en consideración: que el decreto hubiese entrado en vigor a partir del 1 de junio".
El resto de criterios no están en discusión: ni la duración de la ayuda, un máximo de 180 días; ni los requisitos que tienen que cumplir los parados, unos ingresos menores a 468 euros mensuales (el 75% del salario mínimo interprofesional); ni la cantidad a pagar, 421,79 euros al mes; ni la vigencia, hasta el 15 de febrero de 2010.
Sobre la mesa sólo está el calendario de aplicación, que Corbacho admite siempre va a traer problemas para quien se quede fuera. Según afirma el titular de Trabajo, el 1 de junio hubiera sido la fecha de entrada en vigor del programa de mediar acuerdo. Y ahora, preguntado por ello, sugiere que ésa podría ser la fecha que baraja el Ejecutivo para ampliar la medida.
Pero el Gobierno va a abrir una ronda de contactos con sindicatos y partidos políticos, por lo que esa fecha podría no ser la definitiva. Fuentes sindicales, que valoran positivamente el paso dado por Zapatero, afirman que el Ejecutivo se puso ayer en contacto con ellos para dialogar y buscar un acuerdo. Según apuntan, la intención del Gobierno es modificar el decreto en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, que se celebrará el próximo 28 de agosto.
En principio, el objetivo del Gobierno era que el plan durara seis meses, prorrogables siempre que el paro estuviera por encima del 17%. Atendiendo a esto y a los 340.000 beneficiarios que preveía Trabajo, el coste total ascendía a 642 millones de euros.
La polémica por los 421 euros
La falta de información y los criterios para otorgalras marcan los primeros días de las ayudas al desempleo aprobadas por el Gobierno
El Ejecutivo sólo se plantea cambiar la fecha de retroactividad
Cada mes de ampliación supone 100 millones más de gasto
"Si hay que hacer alguna modificación, la haremos", declaró poco después de mediodía Zapatero desde Lanzarote, donde pasa las vacaciones. "Con la evaluación que exige y el rigor que exige, estamos dispuestos, dialogando con los sindicatos, a hacer más eficaz la medida y la prestación, desde el punto de vista social, y que abarque al número de personas que lo puedan necesitar", explicó.
Apenas una hora después, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho aclaró, en conversación telefónica con EL PAÍS, que el único cambio que el Gobierno va a hacer afecta a la fecha de entrada en vigor del decreto. Es decir, llevar del 1 de agosto hacia atrás en el calendario la entrada en vigor de la medida. ¿Hasta cuándo? "Hay una fecha que, aunque nunca ha formado parte del acuerdo [en referencia al fracasado pacto social de julio, donde los representates de los trabajadores reclamaron esta medida], sí fue una fecha que los sindicatos pedían que se tuviera en consideración: que el decreto hubiese entrado en vigor a partir del 1 de junio".
El resto de criterios no están en discusión: ni la duración de la ayuda, un máximo de 180 días; ni los requisitos que tienen que cumplir los parados, unos ingresos menores a 468 euros mensuales (el 75% del salario mínimo interprofesional); ni la cantidad a pagar, 421,79 euros al mes; ni la vigencia, hasta el 15 de febrero de 2010.
Sobre la mesa sólo está el calendario de aplicación, que Corbacho admite siempre va a traer problemas para quien se quede fuera. Según afirma el titular de Trabajo, el 1 de junio hubiera sido la fecha de entrada en vigor del programa de mediar acuerdo. Y ahora, preguntado por ello, sugiere que ésa podría ser la fecha que baraja el Ejecutivo para ampliar la medida.
Pero el Gobierno va a abrir una ronda de contactos con sindicatos y partidos políticos, por lo que esa fecha podría no ser la definitiva. Fuentes sindicales, que valoran positivamente el paso dado por Zapatero, afirman que el Ejecutivo se puso ayer en contacto con ellos para dialogar y buscar un acuerdo. Según apuntan, la intención del Gobierno es modificar el decreto en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, que se celebrará el próximo 28 de agosto.
En principio, el objetivo del Gobierno era que el plan durara seis meses, prorrogables siempre que el paro estuviera por encima del 17%. Atendiendo a esto y a los 340.000 beneficiarios que preveía Trabajo, el coste total ascendía a 642 millones de euros.
FUENTE: elpaís.com/Economía
Así, si los planes iniciales del Gobierno de llevar la ayuda al 1 de junio se cumplen, el coste total sería 850 millones, y los beneficiados, unos 100.000 parados más. Pese a ello, se seguirían quedando fuera de la medida cerca de medio millón de parados sin prestación o subsidio que cumplen los requisitos pero no se ajustan al calendario, siempre siguiendo los números de Trabajo.
Sea ésta la fecha definitiva o no, el Gobierno no tiene mucha capacidad presupuestaria para irse mucho más atrás en el calendario. El margen es "corto" en palabras de Corbacho. Para este año, los servicios públicos de empleo tendrán que afrontar un gasto de unos 34.000 millones en pagar prestaciones, subsidios y otras ayudas a parados, prácticamente el doble de lo presupuestado. Y a esta partida hay que sumar el gasto que llegue de la nueva ayuda. Todo un lastre para un presupuesto, el de 2009, que rondará el 8% de déficit.
Por otra parte, ayer el Servicio Público de Empleo Estatal informó de que en las oficinas se han tramitado 261 solicitudes de la nueva ayuda. De recibir una respuesta positiva, los parados podrán cobrar la prestación en septiembre.
Así, si los planes iniciales del Gobierno de llevar la ayuda al 1 de junio se cumplen, el coste total sería 850 millones, y los beneficiados, unos 100.000 parados más. Pese a ello, se seguirían quedando fuera de la medida cerca de medio millón de parados sin prestación o subsidio que cumplen los requisitos pero no se ajustan al calendario, siempre siguiendo los números de Trabajo.
Sea ésta la fecha definitiva o no, el Gobierno no tiene mucha capacidad presupuestaria para irse mucho más atrás en el calendario. El margen es "corto" en palabras de Corbacho. Para este año, los servicios públicos de empleo tendrán que afrontar un gasto de unos 34.000 millones en pagar prestaciones, subsidios y otras ayudas a parados, prácticamente el doble de lo presupuestado. Y a esta partida hay que sumar el gasto que llegue de la nueva ayuda. Todo un lastre para un presupuesto, el de 2009, que rondará el 8% de déficit.
Por otra parte, ayer el Servicio Público de Empleo Estatal informó de que en las oficinas se han tramitado 261 solicitudes de la nueva ayuda. De recibir una respuesta positiva, los parados podrán cobrar la prestación en septiembre.
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